El proyecto comenzado hace una década para luego ser abandonado, consistente en vincular Registros de Población a SIM comercializadas, vuelve. Ha sido el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien ha anunciado que en breve habrá una iniciativa tocando a las puertas del Congreso para instaurar una base de datos de los usuarios que adquieran una SIM en el país.
El movimiento tiene sentido: recientemente el gobierno de la Ciudad de México ha implementado una serie de medidas para disminuir el robo de teléfonos, y así evitar su uso para fraudes, extorsiones o incluso secuestros. El gobierno local ha explicado que en los celulares está el origen de una buena comisión del total de delitos en la ciudad.
El gobierno federal comparte opinión, de manera que la recién anunciada medida se enmarca en un contexto de estrategias para disminuir el secuestro, toda vez que el anuncio se hizo en la inauguración de la vigésima sexta Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico, en Acapulco.
La información hasta ahora se mantiene tan reservada que no se ha dicho cuáles serán los datos del usuario que se vincularan a las SIM. Lo que sí se sabe es que la propuesta sería presentada antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, lo que ocurrirá el próximo 12 de diciembre.
También resta por ver si será retroactivo, es decir, si habrá una base de datos a la que los usuarios que ya cuenten con una SIM deberán hacer su registro, tal y como ocurrió en 2010. En aquel entonces el plazo para el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), obligó a operadoras a dejar de dar servicio a números que no contaban con CURP asociada.
El RENAUT fue en 2011 derogado en la Cámara de Diputados al considerarse inoperante. Los secuestros siguieron en aumento y no se detuvo la intervención de celulares en los delitos. "El Renaut ha sido un fracaso" dijo en su momento el diputado priísta José Ignacio Rubí.
El Renaut debía contar con nombre, domicilio, nacionalidad, datos de identificación oficial y toma de impresión de huella dactilar vinculados a cada número celular. Luego de su derogación todos los datos recopilados fueron destruidos en 2012.
En aquel entonces las operadoras argumentaron por pérdidas financieras debido a los esfuerzos por implementar el registro, así que no sería extraño ver discusiones similares una vez que haya sido presentada la propuesta.
En México han habido 1,142 secuestros solo en 2019.
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