La nueva ley de ciencia y tecnología en México es oficial y con ella se avecina una serie de amparos y controversias de quienes no confían en la nueva perspectiva nacional para hacer de México potencia en innovación.
La comunidad científica ha sido tajante en su rechazo a la ley que fue aprobada en una semana en Congreso y que convierte al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Conahcyt, por sus siglas.
No es fortuito que la palabra "humanista" y sus derivados se repitan 93 veces en la nueva ley. El cambio parece estético, pero en realidad es el ajuste más visible a la serie de entramados sobre cómo se toman decisiones presupuestales en proyectos científicos que reciben apoyo gubernamental. Entre otras cosas, la ley define que la ciencia en México debe ser accesible por todos, lo que significa que debe tener beneficio social y su principal enfoque debe ser el de contribuir a resolver los problemas más urgentes del país.
Eliminada la antigua ley
Con la ley publicada el 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, sus disposiciones se volvieron vigentes el mismo día y ha quedado eliminada la antigua ley de ciencia y tecnología aprobada en 2002 que "permitió articular y legitimar las políticas neoliberales" y "propició el abandono de la ciencia básica", según el resumen de la nueva ley hecho por el todavía Conacyt dirigido por María Elena Álvarez-Buylla.
Según el mismo documento, la antigua ley facilitó el corporativismo, sometió instituciones públicas al sector privado, fabricó redes de influencia que decidían qué proyectos científicos se apoyaban y distribuyó dinero público sin objetivos claros ni resultados concretos.
La nueva junta de gobierno que decidirá la política científica y de innovación tecnológica en México será integrada por el Conahcyt y las secretarias de estado, incluyendo Semarnat, Relaciones Exteriores, Salud, Bienestar, Energía y Hacienda. En la junta también obtienen asiento y poder de voto Defensa Nacional y Marina.
El nuevo Conahcyt tiene un año para emitir reglas y normas administrativas para acatar la ley. En ese mismo período de tiempo los estados del país tienen que hacer modificaciones a sus leyes para armonizarlas respecto a la nueva ley de ciencia y tecnología.
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