Continúan los problemas de Uber en Quintana Roo, México, quieren que el servicio sea considerado como transporte público

Continúan los problemas de Uber en Quintana Roo, México, quieren que el servicio sea considerado como transporte público

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Uber logró cambiar el transporte privado en México, pero en el caso de Quintana Roo la situación siempre ha sido complicada. A finales de 2017 la empresa decidió suspender sus actividades en el estado en espera de la nueva iniciativa de Ley de Movilidad. Para mayo de 2018 la empresa regresaba con una Ley de Movilidad aprobada y con un grupo de taxistas que rechazaba con bloqueos y marchas la competencia.

Ahora los directivos de Uber se manifestaron en el Congreso de Quintana Roo, exigiendo que se detengan las reformas planteadas a la Ley de Movilidad. Las nuevas reformas planean solicitar que todas las plataformas digitales se consideren como transporte público, obligándolos a tramitar una concesión. Modificaciones que rechaza la empresa de transporte privado.

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Federico Ranero, director general de Uber en México mencionó que la modificación para las plataformas digitales afectaría la ganancia de cinco mil familias de Quintana Roo. Señala que los 130 mil ciudadanos de Cancún tienen derecho a elegir y que limitarían drásticamente el servicio a los turistas.

Ranero explicó que el modelo de concesiones afecta a la mayoría de socios conductores registrados en Uber, ya que el 80 por ciento lo ve como un complemento en el que invierten menos de 40 horas a la semana. Indica que cambiar por un esquema así afecta totalmente le flexibilidad que ofrece la tecnología y en el caso de los usuarios también se verán afectados ya que no encontrarán muchos autos, provocando mayor tiempo de espera y tarifas más elevadas.

Añadió que ese problema no afecta solamente a su empresa, lo hace con cualquier actor de movilidad privada. Por último menciona que el problema no es que busquen regular el servicio, Ranero señala que ellos han trabajado con diferentes gobiernos en México, apoyando a los ciudadanos y a las ciudades.

Por su parte el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mandó una carta a los legisladores, así como a Carlos Joaquín, gobernador del estado. Mencionan que las modificaciones planteadas son “una violación a los principios constitucionales de la libertad de empresa”.

Imágenes | Luces del Siglo, El Universal

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